Los medios se han hecho eco de un
muy interesante informe en que la
Asociación Estatal de Gerentes de Servicios Sociales presenta el
Índice DEC-2014 (índice de Desarrollo de los Servicios Sociales) sobre las estructuras, prestaciones y presupuestos relativos a los servicios sociales en España.
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Informe DEC 2014 |
Antes de comenzar a analizar los gastos públicos quiero decir que el gasto no es un parámetro único o definitivo para juzgar el estado de los servicios sociales en un territorio. Se puede gastar mucho y mal en un sitio y se puede gastar algo menos y mejor en otro. El gasto aporta información útil, obviamente, y ayuda a comparar comunidades y también a estudiar la evolución al interior de cada una de ellas, pero, como el propio informe reconoce, "no por destinar más dinero quiere decir que una comunidad autónoma tenga mejores servicios sociales". Decir esto tan evidente en determinados contextos parece políticamente incorrecto y se arriesga uno a ser descalificado por ello, pero creo necesario indicarlo.
Por eso la cuestión de los medidores de derecho sociales es tan importante: un asunto en el que se debe trabajar aún mucho tanto en el ámbito local como en el internacional. Algo sé de la cuestión, puesto que en el
Comité DESC de la ONU llevamos algún tiempo trabajando en esta cuestión.
Y por eso mismo me ha interesado mucho este Informe DEC con sus
hasta 18 indicadores distintos que evalúan derechos (con 6 indicadores), datos económicos (con 3 medidores) y cobertura efectiva (con 9 medidores). Me parecen indicadores bastante completos y equilibrados.
Según el Índice DEC: "por Comunidades Autónomas, Euskadi, con 7,5 puntos y una calificación de "Medio Alto" y Castilla y León, con 6,65 puntos y una calificación de "Medio", son las mejor valoradas. La Comunidad de Valencia continúa a la cola, con una puntuación de 0,6 puntos sobre 10 y una calificación de "Irrelevante" para sus servicios sociales."
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