Menudo lío en Australia

Hoy me voy a las antípodas para escribir en los medios del Grupo Noticias, DEIA y Noticias de Gipuzkoa, un artículo sobre la actual crisis constitucional en Australia.

(Por cierto, puedes localizar tus antípodas exactas en este precioso mapa de aquí que invita a jugar: las antípodas de mi casa están en algún lugar del océano, como a 300 kilómetros al oeste de las costas de Nueva Zelanda)

Menudo lío en Australia

Australia se ha metido en un buen lío político. El viceprimer ministro ha tenido que dimitir y nueve parlamentarios han perdido su escaño, dejando muy tocado al gobierno conservador de Malcolm Turnbull.

Y todo ello por un problema constitucional que puede hacer las delicias de los juristas y los comentaristas más ociosos y dados a la extravagancia, pero que parece políticamente bastante poco constructivo. Y es que la Constitución de 1901 exigía que los representantes públicos fueran australianos y únicamente australianos, es decir, que no tuvieran doble nacionalidad ni -y aquí el problema- derecho a otra nacionalidad.

Tanto el viceprimer ministro como la mayoría de los parlamentarios afectados creían de buena fe no estar afectados por esta circunstancia, pero hete aquí que la Corte Suprema Australiana ha encontrado sus explicaciones insuficientes. Muchos de ellos son hijos de personas que tenían en su día la nacionalidad británica u otras.

Hay un caso, por ejemplo, de un parlamentario cuyo padre, originalmente de nacionalidad británica, renunció a la ciudadanía después de haber nacido el hijo que hoy es político. El tribunal le exige ahora a éste, tras haber décadas como australiano de padres australianos, que debería haber renunciado formalmente a sus eventuales derechos a la ciudadanía británica y que no haberlo hecho le inhabilita. Otra diputada se encuentra ante una difícil situación como hija de una superviviente húngara del holocausto, sin haber tenido ninguna relación nunca con Hungría. Otra diputada saltó furiosa tras descubrirse que unos de sus padres había sido británico de origen escocés y que por lo tanto ella podría tener derecho a solicitar dicho pasaporte: “ya he tirado las gaitas a la basura y la maldita kilt (falda escocesa)”. La rabia de los diputados es comprensible, así como el hastío de los ciudadanos ante un problema tan tonto y artificial.

Suena raro y hasta un tanto estúpido, si me permiten una opinión tan rotunda. Piense usted que Australia es un país joven, formalmente independizado en 1901, pero que aún tiene una relación muy especial con la metrópoli. De hecho, como miembro de la Commonwealth, de una curiosa forma, la reina Isabel II es también reina de Australia.

Este país ha sido formado en su mayoría por diversas oleadas de inmigrantes en los últimos dos siglos, de modo que el número de personas con padres extranjeros es muy alta. Más de un tercio de la población australiana podría encontrarse ante situación similares a las vividas por estos políticos.

No parece que ponerse tan estrictos a la hora de interpretar a estas alturas ese artículo constitucional sea muy práctico. Desde luego poco ayuda a los fines constitucionales que el tribunal debería promover como la lealtad, la identificación y la participación.

Con más espíritu práctico que los jueces, el primer ministro y el líder laborista acaban de acordar darse un plazo para aclarar todas las situaciones dudosas de sus diputados y garantizar así que los afectados pueden renunciar adecuadamente a sus eventuales derechos a otras nacionalidades. Y renunciar también, si toca, de paso a sus gaitas y kilts. Que se sepa no hay de momento ninguno que deba renunciar formalmente al txistu y la txapela, aunque conociendo nuestra historia de migraciones, no descarten que algún caso pudiera aparecer. Preguntaremos en alguna de las tres Euskal Etxeak del país, seguro que saben informarnos.