Estos días Amnistía Internacional ha presentado su campaña sobre la prohibición total del aborto en El Salvador.
Se trata de un asunto muy duro. Sin entrar ahora aquí en
consideraciones más de fondo sobre el aborto, sí es justo decir que la
prohibición absoluta de aborto en El Salvador y la imposición de políticas
de penalización sin matiz ni excepción ha degenerado en situaciones extremas de
sufrimiento injusto extremo para muchas mujeres e incluso niñas. Hay casos
tremendos de menores violadas, o de malformaciones extremas -incluso inviables-
con riesgo de la vida de la madre, ante las cuales el estado ha respondido
únicamente con represión, persecución y penalización.
No hablo sin conocimiento de causa. Me ha tocado este año
ser relator del Comité DESC de la ONU para El Salvador y he recibido información directa, testimonios, e incluso hemos tratado de este problema con los
representantes del estado salvadoreño.
Como relator nada puedo decir de estos casos, pero sí puedo recordar
las conclusiones y recomendaciones que como Comité aprobamos en Mayo y que
fueron publicados en documento E/C.12/SLV/CO/3-5 con fecha 19 de Junio.
Allí
decíamos:
22. El Comité reitera su preocupación sobre la persistencia de la total prohibición del aborto, que afecta particularmente a mujeres pobres y con un nivel menor de educación, sin consideración alguna a situaciones excepcionales, lo que ha generado graves casos de sufrimiento e injusticia (E/C.12/SLV/CO/2, párrs. 25 y 44). Al Comité le preocupan sobremanera los casos de mujeres que han acudido al sistema de salud en situación de grave riesgo para su salud y han sido denunciadas por sospecha de haber cometido aborto. En ciertos casos les han sido impuestas sanciones penales desproporcionadas sin que se cumpliera el debido proceso. Asimismo, le preocupa el elevado número de abortos inseguros e ilegales, lo cual tiene graves consecuencias para la salud y sigue siendo una de las principales causas de la mortalidad materna (art. 12).
El Comité insta al Estado parte a que revise su legislación respecto a la total prohibición del aborto para hacerla compatible con otros derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, así como con su dignidad. El Comité insta al Estado a que proporcione atención de calidad para el tratamiento de las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo en lugar de priorizar su persecución penal.
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